¿Quién asalta a quién?

2019-10-16T00:03:06+02:0010 de marzo, 2013|Opinión|

El 25 de septiembre de 2012, en medio de una batalla mediática previa, miles de personas realizaron una concentración en las inmediaciones del Congreso en Madrid, con el resultado ya conocido de brutales cargas policiales, detenciones masivas e intento de criminalización de las personas que se manifestaban. El balance del día en cifras arrojó unas 35 personas detenidas, a quienes, junto con otras 8 personas identificadas por la policía unos días antes en una pacífica reunión en el parque del Retiro, preparatoria de la movilización, intentaron imputar por “delitos contra la nación”, y más de 13 personas heridas, algunas de ellas de consideración.

En fechas posteriores, diversas movilizaciones populares confluyen en las inmediaciones del Congreso de los Diputados; como por ejemplo las llamadas “mareas” que reivindicaban la sanidad y educación públicas., encontrándose con la ineludible presencia de las fuerzas llamadas paradójicamente “antidisturbios” (que en la práctica provocan los conflictos), que por otro lado son presencia inevitable y permanente en dicho edificio.

La obsesión popular por movilizarse en dicho entorno pone de manifiesto, aunque de un modo embrionario, la rabia de un sector significativo del pueblo ante la estafa que ha supuesto la utilización torticera del dicha institución como supuesto depositario de la soberanía popular, cuando el pueblo trabajador cada vez intuye con mayor claridad como el edificio de los leones no es más que una mera pantalla que legitima una brutal opresión contra las clases populares.

Hemos de recordar, a modo de ejemplo, que, ante el anuncio de la convocatoria “tomemos el Congreso”, los portavoces gubernamentales se dedicaron a calentar los ánimos y amenazar con lo que iba a pasar ante tamaña desfachatez popular, siendo un ejemplo paradigmático la intervención de Dolores de Cospedal en la televisión estatal (no podemos denominarla pública) comparando la iniciativa con el golpismo. La sobreactuación de esta persona, que sería cómica si no fuera porque está dejando Castilla-La Mancha, la Comunidad que gobierna, como un erial (despidos masivos y recortes a mansalva), además de demostrar que el esperpento no ha muerto (aunque carece de la genialidad literaria de Valle-Inclán) viene a poner de manifiesto el nerviosismo del poder ante la posibilidad de que las movilizaciones, frente a los efectos devastadores que está teniendo para las gentes trabajadoras y el pueblo las consecuencias de la crisis económica, sufran un cambio cuantitativo, y pasen a cuestionar el propio sistema imperante y las instituciones que legitiman (cada vez menos) una descarnada y cruel dominación de clase. El guión se repite en todas las movilizaciones que convergen en dicho espacio.

La citada señora, secretaria general de un partido fundado por franquistas y, por tanto, pariente ideológica de Franco y si me apuran de Pavía (sabe por tanto bastante de golpismo), se atrevía a comparar a las miles de personas despedidas, precarizadas, desahuciadas, expoliadas, que han visto como se degrada la educación y la sanidad públicas, como se recortan hasta la practica supresión los servicios sociales, y que quieren expresar su protesta…¡Con Tejero nada menos!

Desearían tal vez Cospedal y sus acólitos que los millones de personas damnificadas por un sin fin de medidas aprobadas en un Congreso que cuya deslegitimación es creciente y patente, soportaran en silencio sus penurias y, en vez de protestar, recurrieran en última instancia al suicidio; según datos del Instituto Nacional de estadística, desde 2010 hay en el Estado Español una media de 9,3 suicidios diarios consumados, siendo casi treinta personas al día los que lo intentan.

No pueden ser las firmes convicciones democrático-liberales del gobierno las que alumbran este tipo de intervenciones descalificadoras de toda protesta social cuando, ante el archivo de la causa penal contra promotores y participantes en la protesta ante el Congreso, por parte de un Juez de la Audiencia Nacional, no dudan en calificar al togado como “pijo-ácrata”, demostrando la concepción utilitarista que tienen (siempre han tenido), ante la independencia del poder judicial, otro pilar del esquema de valores democrático burgués que dicen defender.

Pero, abordando el fondo del asunto, hemos de hacer una breve reflexión sobre la legitimación y, por ende, la autoridad de una institución como el Congreso que cada vez mas personas perciben como el parlamento de la “Democracia Orgánica” de Franco, donde se ratifican leyes emanadas de un poder ajeno al la cámara, que afectan a las vidas de las personas, sin que haya ninguna posibilidad de control popular sobre su actividad.

Autores reputados como Bertrand Russell (Desobediencia Civil, Teoría y Práctica), expresaba respecto al derecho a la desobediencia civil que “Una experiencia larga y frustrante demuestra que son insuficientes los métodos ortodoxos para hacer conocer puntos de vista contrarios al de aquellos que detentan el poder. Es necesario violar la ley; se debe violar la ley”. Y, respecto al carácter democrático o antidemocrático de diversas formas de protesta, el argentino Garzón Valdés expresaba “La Justificación de la democracia no depende únicamente de la aplicación de un procedimiento para la adopción de decisiones políticas, sino también del respeto generalizado del marco normativo de libertad e igualdad. Solo dentro de este marco tiene sentido la virtud democrática de la tolerancia.” (Ernesto Garzón Valdés, “La democracia argentina y su legitimidad”, 1987).

Vemos por tanto como el deber de acatamiento a las leyes y respeto a las instituciones no se ha configurado históricamente como algo abstracto y absoluto, sino como un corolario derivado de la capacidad de realización, aplicando aquellas y a través de éstas las legítimas aspiraciones de los pueblos, de modo que un Parlamento que legisla oscuramente normas contra su población, obedeciendo los dictados de los llamados “mercados”, eufemismo de los Consejos de Administración de Multinacionales y sus instituciones pantalla (Fondo Monetario internacional, Banco Mundial, Banco Central Europeo…) no merecen el “respeto institucional” que reclaman Cospedal y adláteres.

Incluso dando un paso más, la propia ideología liberal ha consagrado instituciones como el Derecho de Rebelión, consagrado no solo en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino en textos constitucionales incluso Europeos, como la Constitución de la República Federal de Alemania, en su artículo 20, párrafo 4º: “Cuando no existe ningún otro medio, todos los alemanes tiene el derecho de resistencia”.

Es evidente por tanto que no solo desde el campo de la ética está plenamente justificado actos como la movilización del 25 de septiembre de 2012, acción que está motivada no por ningún ánimo golpista por parte de los participantes (algo que, por otra parte, no se le escapa al poder y a sus portavoces) sino por cuanto, y dicho en palabra de Stokeley Carmichael (miembro del Partido de la Pantera Negra, EEUU) “.. no existe el deber de obedecer un derecho que no nos es propio y que sirve a los intereses de quienes nos explotan y nos subyugan”

La cuestión es, por tanto ¿Por qué un amplio sector de personas ve necesario “rodear” el Congreso para protestar contra las medidas que se están tomando contra ellas? ¿Por qué tal acción, pese a los esfuerzos mediáticos, cuenta con la simpatía o al menos con la comprensión de un mucho mayor sector de la población? Y, ya puestos a hacer preguntas más directas ¿A quien representa el Congreso? ¿Las leyes que se están aprobando cuentan con el apoyo de la población? ¿Qué mecanismo institucional asiste a la población para evitar que el Congreso siga legislando abaratamientos de despido, desmantelamiento de servicios sociales, incrementos de impuestos sobre el consumo…?

Lo que subyace tras esta campaña es el tradicional intento del poder de criminalizar, dividir y aislar a los sectores más irreductibles para reprimirlos, algo que tal vez les salga mal en esta ocasión, puesto que cada vez más sectores identifican con claridad a quienes defienden instituciones y policías y con que saña los defienden; una quiebra del consenso social que tan útil había sido hasta ahora a los intereses empresariales.

Artículo de nuestro camarada Francisco García Cediel, publicado en «El otro País»