Análisis de Coyuntura Estatal

INTRODUCCIÓN

Para analizar la coyuntura del Estado Español, debemos previamente caracterizar la coyuntura internacional basada en un importante desarrollo del Imperialismo, con una gran concentración de capital en monopolios en las últimas décadas. A modo de ejemplos; en 1996, 300 grandes monopolios controlaban la economía Norteamericana y 150 hacían lo propio respecto a la economía del Reino Unido. Y 358 multimillonarios disponían en 1996 de los ingresos equivalentes a los de los 2.300 millones de personas más pobres del planeta (datos de la OIT).

El sistema capitalista sufre constantes crisis fruto de los ciclos económicos, en momentos de recesión el capital y las fuerzas productivas se vuelven a reasignar buscando la mayor rentabilidad posible. La teoría marxista siempre predijo el fin del sistema capitalista pero las periódicas crisis son superadas dando como resultado una mayor concentración del poder económico y, por ende, político.

Existe un periodo de dificultades para la hegemonía imperialista de los Estados Unidos, debido a causas económicas pero también políticas. En el plano económico, hemos de destacar la caída en la tasa de ganancia de la economía norteamericana (y no solo), que es una crisis de superproducción pero se enmascaró bajo la llamada crisis de las “punto.com” en el año 2000, supone el comienzo de una recesión a nivel norteamericano y mundial, que luego se prolonga bajo el epígrafe de “crisis de las hipotecas basura”, y que nos sitúa en la actual situación internacional, en la cual se achaca la actual crisis al precio del petróleo.

Como novedad, esta última crisis nace de la ineficiencia del sistema financiero, ya que en sus necesidad de aumentar beneficio y su exceso de liquidez, provocó el préstamo en cantidades ingentes sin garantías para luego titulizar esos créditos y venderlos. Esta estructura se sostuvo bajo el axioma de que todo activo inmobiliario se revaloraría, pero cuando se empezaron a poner en duda los precios inmobiliarios, todas esas titulaciones dejaron de valer lo que se suponía. En este momento, los bancos no prestan y necesitan liquidez puesto que sus activos no valen lo que ellos suponían. También se suma en el momento actual la crisis energética, fruto de la especulación: hoy el 75% de las transacciones en el mercado de futuros del crudo tiene un carácter especulativo, desmontando el conocido principio del capitalismo de que oferta y demanda se equilibran.

Como respuesta a la crisis, el capital internacional aborda una estrategia de recorte de derechos y libertades fundamentales, utilizando como excusa la doctrina antiterrorista acuñada a raíz del 11 de septiembre de 2001, y, paralelamente, avanza en el recorte de derechos y servicios sociales de los sectores trabajadores como mecanismo para intentar revertir la tendencia decreciente de la tasa de ganancia antes descrita. En el terreno político y militar desencadena la llamada “II Guerra del Golfo” contra Irak, como un intento de reforzar el control de la fuente fundamental de energía, el petróleo.

A pesar de ello, la debilidad relativa del centro mundial del imperialismo, los Estados Unidos, es patente, a ello contribuyen varios factores; la dura competencia de las economías emergentes, China e India fundamentalmente, que suponen una dura competencia comercial; así como la reconstrucción de la economía rusa como nuevo competidor en el mercado, con control directo de fuentes de energía (petróleo, gas, etc); El empantanamiento de la situación militar en Iraq y Afganistán, debido a la resistencia a la invasión de esos países, unido al afloramiento de proyectos políticos independientes en algunos países de América latina, y como consecuencia de todos estos factores la debilidad del Dólar como moneda refugio configuran una situación de inestabilidad generalizada política, económica y financiera.

Como consecuencia de los factores anteriormente descritos, así como el fin del llamado “estado del bienestar”, como consecuencia del hundimiento de los proyectos económicos alternativos que se definían como socialistas, se produce una precarización y proletarización creciente de la mayoría de la población del planeta, que crecientemente pierde el control siquiera teórico de influir en sus condiciones de vida y de trabajo. En los estados llamados “desarrollados”, el desmantelamiento de los servicios sociales que era producto de la existencia del llamado “estado del bienestar” (Keynesianismo) es una hecho incuestionable, produciéndose una dinámica de creciente explotación en la producción y en el consumo. En los llamados “países en vías de desarrollo”, la pauperización de la economía genera un fenómeno de emigración masiva hacia el centro mundial del imperialismo, generando un aumento exponencial del llamado “ejército de reserva” que genera tensiones racistas en los estados de acogida.

Desde el punto de vista económico y capitalista, la inmigración es una herramienta muy útil, ya que es el ejército de reserva capaz de impulsar a la baja los salarios, pudiendo aumentar a placer de los empresarios el porcentaje de parados necesarios para conseguir mano de obra barata. A esto hay que añadir que la población inmigrante paga impuestos, como mínimo a través del consumo, y no reciben servicios sociales por su condición de “ilegales”. Y ni si quiera votan o pueden participar de protestas por su indefensión jurídica. Aunque en algunos momentos puedan ser el chivo expiatorio, el capital no prescinde de ella.

Consecuencia del descenso en la tasa de ganancia, se ha producido una sobreabundancia de capital no utilizable en la producción, se produce un incremento exponencial de la especulación, como mecanismo para buscar ganancias rápidas, que ahondan en la crisis del sistema.

Hemos de reseñar igualmente que esta dinámica de contracción del mercado, unido a la crisis del mercado de los hidrocarburos, genera una creciente destrucción de la naturaleza y el medio ambiente. A este respecto, el auge de los llamados biocombustibles supone, a medio plazo, no solo una importante degradación medioambiental, sino también una hambruna aguda derivada de la disminución drástica de las tierras dedicadas a la producción de alimentos.

LA UNION EUROPEA

El proyecto de Unión Europea arranca históricamente como un plan de las burguesías de países de Europa de reconstruir una economía competitiva frente al fin de la Segunda Guerra Mundial y, paralelamente en el tiempo, de constituir el llamado Estado del Bienestar como mecanismo frente a la U.R.S.S. y países socialistas europeos que habían creado el CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica) en 1949, a los que correspondía el 33% de la producción mundial.

A partir de 1985, con la aprobación del Acta Única Europea, que establece la libre circulación de capitales, mercancías y personas en las fronteras intracomunitarias, y el Tratado de Maastricht (1991), que fijan los criterios de convergencia para la moneda única, el actual Euro, y una política exterior y de seguridad común, se sientan las bases de la actual estructura de la UE, donde la política económica y monetaria es marcada por órganos comunitarios (Banco Central Europeo, etc), lo que viene a significar la pérdida de control por los estados miembros de una parte sustancial de soberanía económica, consagrando paulatinamente el principio neoliberal de libre mercado (fin de las barreras arancelarias intracomunitarias, privatizaciones, deslocalización, etc.).

A pesar de la resistencia de los pueblos frente a dicha pérdida de soberanía económica que tiene una correlativa afectación social, y que se traduce en el rechazo de Francia y Holanda al tratado llamado “Constitución Europea”, y el reciente referéndum desaprobatorio de una nueva versión de aquella, el llamado “tratado de Lisboa”, por parte de Irlanda, lo que ha generado una situación de crisis institucional, el proyecto de Unión Europea ha ido ahondando en los aspectos más negativos para las poblaciones trabajadoras de los principios liberales de la Unión. Como ejemplo de ello citar la Directiva Bolkenstein o, más recientemente, la Directiva de las 65 horas mensuales o la llamada “Directiva de la vergüenza”, que endurece las condiciones de estancia y permanencia de la población extracomunitaria.

Paralelamente, y en aras del principio del libre mercado, y al calor de la doctrina “antiterrorista”, el desmantelamiento del estado del bienestar en los países centrales de la unión Europea, con su secuela de deslocalizaciones, privatización y recorte de los servicios públicos y del desempleo, precarización del mercado laboral, etc., han generado respuestas espontáneas como la llamada revuelta de los suburbios de Francia que ponen de manifiesto la depauperización creciente de las condiciones de vida de las personas trabajadoras que viven en Europa, bajo el paraguas institucional del concepto de libertad que se asocia sin matices al libre mercado.

En este modelo de desarrollo, subordinado en lo político y en lo militar a la hegemonía de los Estados Unidos, hemos de manifestar el papel imperialista de la Unión Europea, ejerciendo a través de sus multinacionales para el expolio de los recursos de los países del llamado tercer mundo y por la participación política y militar en las aventuras imperialistas dirigidas por y a favor de los intereses norteamericanos (Afganistán, Iraq, Líbano, Haití, etc).

ESTADO ESPAÑOL

La configuración actual del Estado Español es en gran medida tributaria de su reciente historia. El Golpe de Estado de 1936 dado por un sector mayoritario del Ejército, con el apoyo de la alta burguesía, capital financiero y terratenientes, y el sector oficial de la Iglesia Católica, con el apoyo del nazi-fascismo europeo, dio lugar, tras una heroica resistencia de la clase trabajadora y el pueblo, a una dictadura fascista dirigida por el General Franco, cuyo mantenimiento contó con la complicidad de los llamados “estados democráticos occidentales” y el indisimulado apoyo de los Estados Unidos, que vieron en el régimen de Franco un apoyo frente a los países del bloque del este en la llamada guerra fría . La resistencia creciente de la clase trabajadora y otros sectores populares contra el fascismo, que se desarrolla durante toda la dictadura, y que adquiere una importancia cuantitativa y cualitativamente muy relevante a finales de los años 60 y en los años 70 del siglo pasado, unidos al interés de determinados sectores de la burguesía por desarrollar un proceso de modernización de la estructura productiva y homologación con otros países de Europa occidental son los dos factores que propician la llamada “transición”.

La lucha entre la ruptura y la reforma se cierra a favor de esta última a través de la colaboración entre los sectores del franquismo y aquellos sectores que, formalmente adscritos a loa oposición, traicionan las aspiraciones de amplios sectores de la población que establecen una serie de acuerdos para apuntalar el dominio burgués centralista sobre el estado español. A nivel social, los célebres “Pactos de la Moncloa”, que fijan la aceptación de la Monarquía nombrada y heredera del régimen fascista, el mantenimiento intacto del aparato represivo (policial y judicial), del franquismo, el desmantelamiento del movimiento obrero, la negación del derecho de autodeterminación de las nacionalidades, el mantenimiento de las bases norteamericanas en nuestro suelo, la adscripción a la hegemonía política y militar de los Estados Unidos, con la posterior incorporación a la OTAN, son los elementos que configuran la derrota general del movimiento popular surgido en la resistencia contra el fascismo, con la excepción de Euskalherría.

Se ha configurado pues un régimen político formalmente democrático, que viene a consolidar la victoria militar de 1939, que con elementos formalmente democrático burgueses coexisten características represivas y dictatoriales, basada en una no escrita “ley de punto final” hacia los criminales del franquismo, que campan a sus anchas en las calles y en las instituciones, con un elenco de normas represivas para apuntalar el sistema (defensa de la figura de la monarquía, papel de las fuerzas armadas como garante de la unidad del estado, tortura generalizada al amparo de leyes de excepción, tribunales especiales como la Audiencia Nacional, etc), que lejos de diluirse se consolidad con el tiempo.

A ello hemos de añadir e trato de favor que goza, por medio de prebendas, subvenciones y hegemonía ideológica la iglesia Católica, que tan determinante papel jugó en el golpe de Estado de 1936-39.

A día de hoy, los luchadores por la libertad que combatieron al fascismo siguen sin ser reconocidos como lo que son, habiéndose dictado una vergonzante ley de memoria histórica que no condena ni a los criminales fascistas ni repara cabalmente sus acciones, limitándose en el mejor de los casos a un tímido reconocimiento “moral” del papel de la resistencia, si anular los juicios y condenas dictadas por los tribunales fascistas, ni tan siquiera eliminar los nombres de los criminales golpistas de nuestras calles y plazas.

Tras 30 años de supuesta democracia, los derechos de las mujeres siguen siendo pisoteados, manteniéndose una legislación ambigua del derecho de estas a disponer libremente de su propio cuerpo, propiciando procesamientos por el ejercicio del derecho al aborto.

Los derechos de los trabajadores han sido cercenados sistemáticamente, reduciéndose reforma tras reforma el derecho a un puesto de trabajo estable y de calidad, institucionalizando el despido libre, el recorte del desempleo y las pensiones, la precariedad laboral generalizada (a la cabeza de Europa occidental con más del 30% del total del empleo) y la siniestralidad laboral que alcanza dimensiones de plaga, con más de 1.000 muertos el pasado año, ante la pasividad de las instituciones y los sindicatos mayoritarios. Tales fenómenos son sufridos especialmente por la población trabajadora joven, femenina e inmigrante. De este modo, prácticamente toda la población se ha convertido en “ejército de reserva”, alternando periodos de empleo, de subempleo y de paro.

La situación actual de crisis económica se agrava especialmente en el estado Español, debido a que el impacto de la misma va a ser mayor debido al peso que la economía especulativa y la construcción tiene en nuestro tejido económico, estando constreñido el estado por su subordinación a los mecanismos de decisión de la Unión Europea (Banco central Europeo, etc), por lo que se revela como utópica cualquier salida que garantice el mantenimiento de las condiciones de vida de la población trabajadora. Podemos afirmar que nuestro gobierno se inclinará por mantener la política neoliberal que la caracteriza, haciendo cargar sobre las espaldas de las clases populares el coste de la crisis.

La población inmigrante sufre especialmente la explotación como trabajadores precarios, y el racismo como un mecanismo para enmascarar las deficiencias estructurales del propio sistema, soportando una subliminal propaganda institucional que les equipara a la delincuencia. Dichas poblaciones tienen más deberes y menos derechos que el resto de la población, quebrando los principios formales de igualdad que consagró la Ilustración.

Asistimos a una paulatina depauperización y posterior desmantelamiento de los servicios públicos (sanidad, educación, etc), con el fin de expandir el mercado a estos y aplicar las doctrinas neoliberales imperantes en el mundo capitalista, desmantelando conquistas arrancadas por la clase trabajadora hace casi un siglo.

El estado español sigue siendo una cárcel de pueblos, negando el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades, y reprimiendo brutalmente todas las manifestaciones en pro de dicho ejercicio. A consecuencia de dicha situación, el modelo territorial es un factor recurrente de crisis para el estado.

El actual estatus de las autonomías, impuesto de manera interesada tras la transición, forma parte de esta estrategia de negación del derecho a decidir libremente de los pueblos del estado español. Iniciativa Comunista, como organización que principalmente tiene su implantación en Madrid, es consciente de este hecho y asume la artificialidad deliberada a la que han sometido a la Comunidad de Madrid, que es parte integrante de los territorios históricos de Castilla.

El poder pisotea sistemáticamente los derechos de reunión, manifestación y expresión, a través de leyes represivas (Ley de Partidos), y de actuaciones judiciales (cierre de medios de comunicación, encarcelamiento de manifestantes, procesamiento de personas que cuestionan la monarquía, etc), revelando los estrechos límites que gozan los derechos y libertades formalmente instituidos.

La población es sistemáticamente empujada a un consumismo sin freno, fomentando el endeudamiento (adquisición de viviendas en compra), y propagando que la felicidad consiste en comprar constantemente más allá de las necesidades, creando una auténtica explotación en el consumo que completa la explotación en la producción, y generando personas hipotecadas durante toda su vida.

La locura especulativa del sector inmobiliario también ha creado un efecto de riqueza que no es más que un espejismo al que muchos se enfrentan y que ha servido al sistema financiero. Este efecto ha consistido en la idea de que daba un poco igual lo que se debiera al banco, puesto que aquel piso que estaba a nombre de una persona y que debía al banco, aumentaba año tras año su valor y aunque debiera 200.000 euros, su patrimonio desde el momento de la compra se valoraba un 15% más.

El Estado español participa en aventuras imperialistas, destinando y manteniendo tropas ocupantes en Afganistán, Líbano, Haití, etc., como fuerzas auxiliares de la potencia hegemónica, los Estados Unidos, manteniendo bases norteamericanas y/o de la OTAN en nuestro suelo, verdaderas plataformas de agresión a otros pueblos.

Las multinacionales españolas (Repsol, Endesa, BBVA, BSCH, etc.) actúan como tales extrayendo los recursos naturales y especulando en varios países del mundo y sobre todo en América Latina, con el apoyo indisimulado de nuestros gobiernos, que defienden sus intereses en contra de la soberanía económica y política de dichos países.

En cualquier caso, se aprecian señales de una tímida pero significativa reactivación de movimientos sociales de resistencia. Ejemplo de ello con las movilizaciones obreras de limpiezas en Madrid, autobuses de Barcelona o la lucha de los parquímetros en Madrid. El repunte del antifascismo y las movilizaciones por la III República van más allá de objetivos reformistas, cuestionando el modelo vigente.

Hemos de reconocer, con sus múltiples altibajos, el mantenimiento de la resistencia en Euskalherría, que lleva desde la transición resistiendo la represión y la criminalización, manteniendo el enfrentamiento con el estado en todos los ámbitos sociales y políticos, reflejándose en las luchas ecológicas, sindicales y vecinales.

Finalmente y dentro de la modestia, reconocer la importancia de la consolidación de pequeños colectivos como el nuestro, que emprenden desde el rechazo al reformismo y al oportunismo la tarea de reconstruir el movimiento revolucionario, mediante el desarrollo de la lucha, la organización y la convergencia de los movimientos populares hacia una alternativa de izquierdas al sistema capitalista.