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30 aniversario de la Matanza de los Penales en Perú

Los terribles sucesos que a continuación se relatarán, acaecidos entre el 18 y el 19 de junio de 1996, se produjeron mientras se desarrollaba en Lima una conferencia mundial de la Internacional Socialista, cuyo anfitrión era el entonces jefe de Estado Alan García Pérez y a la que asistían además, más de un centenar de dirigentes políticos del mundo, entre ellos veintidós presidentes, incluyendo al entonces Presidente de Gobierno español Felipe González, representantes de setenta partidos políticos, y cerca de quinientos periodistas extranjeros.

Según informaciones oficiales, en la madrugada del 18 de junio de 1986, los internos del Partido Comunista del Perú (denominado por la prensa “Sendero Luminoso”), que estaba inmerso en un proceso de guerra popular prolongada para la toma del poder en ese país, iniciaron un motín en el Pabellón Azul de la isla penal de El Frontón, frente al puerto de El Callao. Simultáneamente, se realizaron motines en el penal de San Juan de Lurigancho y en el Penal de Mujeres Santa Bárbara.

Según fue denunciado posteriormente por un informe realizado por los catedráticos Enrique Soto, Rómulo González y Alfonso Banda, del Departamento Académico de Derecho Público y Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú), no es verdad que los presos políticos se hubieran levantado simultáneamente en Lurigancho, El Frontón y la cárcel de mujeres de El Callao. En cada caso e posible establecer cómo fueron provocados y cómo se levantaron o incluso sometieron sin resistencia.

En Lurigancho, la semana anterior a los sucesos se produjo una nueva clasificación de los internos. El personal entró en el pabellón sin encontrar resistencia y sin encontrar armas y se procedió a separar a los delincuentes comunes que habían convivido con los presos políticos a fin de provocarles. Igualmente fueron separados los presos políticos calificados como “terroristas” pero que eran miembros de los partidos integrantes de la coalición Izquierda Unida. Finalmente se cortó el suministro de agua y alimentos.

Los presos políticos presentaron un recurso de amparo ante el Juez competente, que declaró fundamentado dicho recurso y ordenó a la Administración penitenciaria poner fin a esas acciones de provocación. Sin embargo, la notificación de la resolución sólo llegaría a Lurigancho una vez producida la matanza.

Según dicha comisión, en el Penal de mujeres de Santa Bárbara, el día de los hechos, el personal auxiliar penitenciario inició una huelga. Una enorme multitud integrada por mujeres había ido integrando largas columnas piara visitar a sus familiares. A consecuencia de la huelga, la visita fue suspendida, lo que motivó una serie de airadas protestas por parte de las mujeres en la explanada exterior del penal. Fueron violentamente reprimidas, utilizándose carros rompe manifestaciones, varas y perros, la represión estuvo a cargo de unidades selectas de la Aeronáutica y de la Guardia Republicana. Las mujeres se entregaron sin resistencia. Fueron colocadas en columna y se las fue llamando para su traslado. Sólo quedaron algunas, que serían matadas por efectivos de la Republicana y en presencia de oficiales de la Aeronáutica.

En Lurigancho los presos se sumaron a la protesta y lanzaron piedras desde las zonas altas de los pabellones. No tomaron rehenes, simplemente impidieron la salida de algunos empleados penitenciarios que laboraban en ese pabellón y que no se habían sumado a la huelga de sus compañeros.

Un vasto operativo militar-policial comenzó a desenvolverse. Entre 700 y 1.000 efectivos del Ejército y 200 de la Guardia Republicana se hicieron presentes bajo el mando de un general del Ejército (identificado como el general Rabanal). El alcaide, que conocía indudablemente el plan y que había servido a su preparación con las acciones detalladas anteriormente, advirtió sólo entonces que se trataba de una operación de exterminio, por lo que se negó a permitir el ingreso de los efectivos militares. El general Rabanal se identificó y afirmé, cumplir órdenes expresas del Comando Conjunto. El alcaide reiteró su negativa mientras consultaba a las autoridades del Ministerio de Justicia. Finalmente accedió, dejando constancia en acta de que disponía de los medios necesarios para sofocar cualquier acción de los internos del Pabellón Industrial y ratificando que ni siquiera se encontraban armados. Parece que su actitud no fue avalada por las autoridades de su sector (la renuncia del ministro de Justicia parece estar determinada precisamente por la incapacidad del señor González Posada para respaldar a ese funcionario, que supo comprender qué estaba a punto de ocurrir en Lurigancho y que conocía perfectamente que los internos carecían de toda posibilidad de resistencia).

Los “sublevados” sólo atinaron a cerrar todas las puertas de acceso con mesas, camas y colchones y refugiarse en la zona central y en los extremos. Algunos destrozaron las camas y se armaron con pedazos de hierro, otros llegaron en su desesperación a preparar cerbatanas. Un equipo especializado Colocó cargas de demolición y luego de un intenso fuego de ametralladoras a través de los boquetes (perecieron entre 50 y 60 reclusos), un grupo selecto de la Guardia Republicana se introdujo para liberar a los supuestos rehenes sin encontrar resistencia. Uno de ellos, el testigo de excepción mencionado anteriormente, se convirtió en portavoz de los amotinados, informando de que éstos se entregarían y saldrían con las manos en la nuca. El oficial de la Guardia Republicana consultó a sus jefes, pero la orden del general Rabanal era definitiva: nadie podría salir vivo. Se aceptó entonces el ofrecimiento sólo para facilitar el exterminio: fueron saliendo uno a uno y obligados a tirarse al suelo con los brazos en la nuca y comenzó la monstruosa cacería...

Nadie dejó de cumplir la orden criminal; los oficiales y efectivos de la Guardia Republicana se ensañaron con sus víctimas. El general Rabanal y los efectivos militares no intervinieron en esta etapa de la operación: ellos se habían limitado a cumplir la parte militar del operativo. Todos estaban enterados de que las órdenes procedían del Comando Conjunto, y todos sabían además que el presidente de la República había dado su aprobación y que el Consejo de

Ministros había votado unánimemente por esa “solución final” del problema senderista.

El Ministro del Interior lo dijo por radio y televisión, y mientras se iniciaba el operativo, la decisión era definitiva. Más tarde, Abel Salinas haría un balance y felicitaría a las fuerzas a su mando (la policía depende de su ministerio).

La verdad en el caso Lurigancho se abrió paso rápidamente: el exterminio se había producido en un penal con miles de otros inculpados; la matanza se realizó a la luz del día. Alan García Pérez, que concurrió al Congreso de la Internacional Socialista, dijo que lo ocurrido era doloroso, pero estrictamente necesario, y dijo además que las fuerzas armadas y policiales habían cumplido estrictamente sus órdenes para restablecer el “principio de autoridad”; no obstante, al día siguiente tuvo que admitir que se habían producido excesos; luego, que aproximadamente 30 reclusos habían sido ejecutados; posteriormente, que el número de ejecuciones podría superar las 70; el día que visitó Lurigancho afirmó que los asesinados no eran menos de 100. En verdad, los asesinados allí no pueden en ningún caso ser menos de 169 (víctimas entre el personal militar y policial, ninguna).

En El Frontón, el Gobierno “socialista” encargó acabar con el motín a la Marina de Guerra bajo el mando del capitán de navío Luis Giampietri Rojas y del capitán de navío Juan Carlos Vega Llona, a cargo del operativo.

En efecto, la isla, fue ocupada .por unidades de la Infantería de Marina, que procedieron a aislar el pabellón e impedir la salida de éstos de aquella ratonera. A la mañana siguiente llegarían los señores de la ”comisión de paz” a solicitar su entrega sin condiciones y la libertad de los rehenes (en este caso parece incluso que los rehenes nunca existieron, pero que al verse rodeados por un impresionante aparato naval desarmaron a dos efectivos de la Guardia Republicana y se apoderaron de dos metralletas).

La comisión se retiró al fracasar su misión. Posteriormente se inició un prolongado fuego de ametralladoras sin objetivos precisos; hacia el anochecer se aproximó una pequeña lancha misilera y desde una distancia de 600 o 700 metros disparó dos pequeños misiles, que demolieron gran parte del pabellón, pero que intencionalmente dejaron intacta la parte derecha (de cara al mar) para obligar a los sobrevivientes a refugiarse allí o intentar huir hacia las viejas y clausuradas celdas de castigo del pasado. Allí entran en acción las unidades selectas de la Infantería de Marina para liquidar uno a uno a los sobrevivientes de la tremenda explosión y a perseguir y destrozar literalmente a quienes habían escapado (el balance jamás podrá ser exacto: los familiares de las víctimas que habían visitado la isla en las últimas semanas coinciden en cifras que van de 350 a 450 presos del PCP, las cifras proporcionadas por las autoridades son ridículas: 60 u 80). En la resistencia parece ser que murieron un guardia republicano, rehén o compañero de los presos (hasta el extremo de no haber sido mencionado ni ascendido póstumamente); un oficial y dos infantes de Marina, alcanzados por los disparos de los senderistas que recibieron las metralletas, y un oficial de mar resultó “gravemente” herido por un dardo de cerbatana. Luego de su rendición los internos fueron seleccionados y llevados a una zona de la isla llamada “los baños” donde, según los testigos, fueron asesinados con disparos y bayonetas.

La edificación fue demolida deliberadamente después de concluir la operación, al parecer para evitar pruebas de las ejecuciones extrajudiciales.

De hecho, el Gobierno había promulgado el Decreto Supremo N° 006-86-JUS, por medio del cual se declararon a los establecimientos penales como "zonas militares restringidas", con lo cual se impidió la entrada de autoridades civiles, es decir, jueces y fiscales, a dichos establecimientos.

Según el testimonio recogido años después ante La Comisión de la Verdad y Reconciliación, (organismo creado posteriormente en Perú para investigar los sucesos producidos durante el periodo de guerra), de dos efectivos de la Marina que participaron en el operativo que sofocó el motín, los presos que se rindieron fueron ejecutados a balazos y con armas blancas.

Muchos de los internos que fallecieron se encontraban detenidos en calidad de inculpados (en prisión preventiva a la espera de juicio), y varios de ellos fueron declarados inocentes en los procesos posteriores, tal como ocurrió con Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera, quienes después de fallecidos en esa masacre resultaron absueltos por cargos de terrorismo que se les había imputado. La Iglesia Católica peruana en el documento publicado el 19 de junio de 1986 y titulado “Masacre de los penales de Lima” relata:

"En la madrugada del 18, los detenidos de los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en Lima, se amotinan y toman rehenes. El Consejo de Ministros y el presidente Alan García deciden encargar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la restauración del orden. En Santa Bárbara -cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Las rehenes son liberadas. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos -según el informe oficial- son fusilados después de rendirse. En el Frontón, la operación se encomienda a la Marina, que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos, que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco la prensa".

El 16 de agosto del 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia responsabilizando al Estado en el caso de la matanza de los penales, por la muerte y desaparición de Nolberto Durand y Gabriel Ugarte, señalando que era su obligación esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Por supuesto, la impunidad de esos responsables militares y sobre todos políticos ha sido total.

Por supuesto, la reunión de la Internacional Socialista siguió con sus tareas, nadie se rasgó las vestiduras ante tamaña masacre. No es de extrañar, el papel de dicha organización en la represión de la disidencia no ha sido especialmente escrupulosa con los derechos humanos; desde el misterioso “suicidio” de dirigentes de la Fracción del Ejército Rojo en Alemania, hasta la guerra sucia de los Gal en el Estado español, la historia de ese Club de “la izquierda” está tan podrida de episodios criminales que no nos puede extrañar que esté honrados de tener a una personaje tan insigne como Alan García entre sus filas.

 

Pablo Zarate.