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La ofensiva sobre el mercado del alquiler

Son ya muchas décadas las que lleva el conocido como «bloque financiero-inmobiliario», compuesto por promotoras, bancos, entidades financieras nacionales e internacionales y, muy importante, instituciones públicas, haciendo del negocio inmobiliario no solo uno de los pilares más importantes de la economía y del sistema productivo del Estado español, sino separándolo de manera cada vez más radical de las necesidades populares de acceso a la vivienda, más si cabe después de la entrada en la Unión Europea y la especialización económica en este tipo de actividades que trajo aparejada. Desde la construcción desbocada de casas sin relación alguna con lo que pudiera requerir la población hasta el estallido de la burbuja hipotecaria en 2008 y sus repercusiones en forma de desahucios, las formas en que se ha manifestado esta mercantilización del derecho popular a la vivienda han sido diversas. La última, el actual crecimiento incontrolado de los precios del alquiler.

 

Del mismo modo en que, hasta 2008, la burbuja hipotecaria se nos presentaba como un fenómeno económico y natural del cual el bloque financiero-inmobiliario no tenía responsabilidad alguna, la actual alza de los precios del alquiler ―en Madrid ya se superan los precios previos a la crisis― en ocasiones se presenta como un mero problema de escasez de oferta para un exceso de demanda. Como en el caso anterior, esto es radicalmente falso; como en el caso anterior, esta es una situación buscada a conciencia.

 

Como explica Yago Álvarez en «Leyes que inflan la burbuja del alquiler», después de 2008, el bloque ―del que, insistimos, participan también las instituciones públicas― hubo de ingeniárselas para actualizar su capacidad de extraer rentas inmobiliarias y, así, focalizó su atención sobre el mercado del alquiler, hasta entonces una forma de acceso a la vivienda relativamente minoritaria y estable (de hecho, hasta 2013 los precios del alquiler en Madrid estaban descendiendo a un ritmo similar al que lo estaban haciendo las rentas de las familias). Esta ofensiva sobre el mercado del alquiler se sostiene, tal y como expone dicho artículo, sobre una serie de hitos en forma de modificaciones legislativas. En el año 2009, el gobierno del PSOE crea una figura jurídica clave en todo este proceso: las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), que son las entidades a través de las cuales los fondos de inversión y especulación internacionales actuarán en el mercado del alquiler local; desde entonces, fondos internacionales, como el monstruo financiero Blackstone, vienen interviniendo en el mercado del alquiler a través de sus propias SOCIMI (a menudo a través de varias). Es la creación de estas entidades, cuya actividad se desarrolla principalmente en las grandes capitales, la que abrió la puerta a un nuevo asalto sobre nuestras ciudades y la que puso la alfombra roja a la entrada masiva de inversiones con fines exclusivamente especulativos. Pero este fue solo el primer paso. En 2012, el gobierno del Partido Popular, después de reunirse con un lobby inmobiliario como es la Asociación Europea de Inversión Inmobiliaria, decidió que estas SOCIMI pasaran a estar exentas del impuesto de sociedades para así fomentar su proliferación. Aparte de este incentivo a la especulación, esta exención ha supuesto que el Estado deje de ingresar cientos de millones de euros al año. Además, en 2012 se permite que las SOCIMI, que estaban obligadas a que los contratos de alquiler que firmasen para sus propiedades tuvieran una duración de cinco años, pudieran reducir este periodo a tres años, lo que permitiría expulsar antes a las inquilinas y, en caso de que hubiera un crecimiento de los precios, esta tendencia se acelerase (cuanto antes te echen de tu casa, antes tendrás que ponerte a buscar piso y, a más gente buscando piso y mayor desregulación del alquiler, mayor crecimiento de los precios). Pero aún quedaba la estocada final. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que es la que rige los alquileres en todo el Estado, seguía fijando la duración de los contratos en un mínimo de cinco años con una prórroga posterior de tres años. Como, a juicio del bloque financiero-inmobiliario, esto sobreprotegía (!) a las inquilinas, en el año 2013 la LAU sufrió una reforma para que se acabase de ajustar a los intereses de los fondos especuladores. Dos de las modificaciones más importantes fueron la reducción de la duración de los contratos a tres años para equipararla con la legislación propia de las SOCIMI y la eliminación del derecho de tanteo y retracto para las propiedades verticales. Esta última modificación, pese a tener una denominación un tanto compleja, tiene unas implicaciones sencillas pero también perversas: en el caso de que alguien adquiriese un edificio entero, las inquilinas ya no podrán en ningún caso (como sí podían antes) tener derecho preferente a compra sobre su hogar al mismo precio que el ofertado por el comprador del bloque. Este comprador, que en la mayoría de los casos suele ser un fondo de inversión, ya no encontrará traba alguna a la hora de adquirir fincas y edificios enteros, dar por finalizados contratos (o lo que es lo mismo: desahuciar), subir los precios de manera abusiva y hacer y deshacer a su antojo.

 

Esta ofensiva sobre nuestras viviendas, nuestros barrios y nuestros territorios tiene unas consecuencias prácticas y materiales evidentes. La primera de todas, el aumento de los precios hasta cifras inasumibles. No existen en la actualidad leyes que pongan límite al precio de los alquileres, como sí existen para limitar el precio de otros bienes de primera necesidad ―por ejemplo, los medicamentos―. Pues bien, esto permite que en los últimos años en Madrid haya crecido el precio de los alquileres más de un 30% de media. A diferencia de lo que las noticias o nuestros prejuicios nos pudieran hacer creer, es en barrios como Vallecas donde el incremento se está dando de forma más aguda, con un crecimiento en el caso de este distrito de prácticamente el 40%. En Vicálvaro, por poner otro ejemplo, el crecimiento solo en el año 2017 fue de prácticamente el 10%, por encima de la media de la ciudad (7,8%). Estos aumentos han llevado a que en el Estado español haya un porcentaje muy superior al de la media de los países de la OCDE (37% frente a un 15%) de familias que dedican más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, cuando se estima que superar el 30% ya implica estar en peligro de atravesar el umbral de la pobreza.

 

Otra de las consecuencias más visibles es el aumento de los desahucios. Actualmente se producen en el estado Español casi 180 desahucios diarios, de los que 116 son desahucios por impago del alquiler y entre los cuales no se contabilizan, por falta de rastro judicial o administrativo, los que se han venido a llamar «desahucios invisibles», esto es, aquellos en los que la propiedad da por finalizado el contrato y la inquilina sencillamente abandona el piso, normalmente por incapacidad para buscar una solución legal o política que le permita quedarse.

 

La desvinculación entre la construcción de viviendas y las necesidades de la población se pone de manifiesto en que la legislación actual permite que en el Estado haya, según los últimos datos (ya de 2011), casi tres millones y medio de viviendas vacías; esto quiere decir que más del 13% de las viviendas en el Estado español están deshabitadas y no existen mecanismos (o no se quieren aplicar) para ponerlas en alquiler y así hacer que se reduzcan los precios y se logre dar una solución habitacional a los cientos de personas que son desahuciadas cada día. Muchas de estas viviendas son propiedad de grandes fondos, que las mantienen desocupadas a la espera de sacarlas al mercado en el momento en que los precios estén lo más arriba posible, pero también hay un número considerable de pisos que está en manos de las instituciones públicas, lo que implica que, de un modo u otro, por incompetencia o por estrategia, las administraciones también se están dedicando a especular.

 

En este momento se hace necesario sacar a la luz otro dato. A menudo las fuerzas políticas de derecha, al hablar del conflicto de la vivienda, señalan como uno de los principales problemas, si no el principal, el de la okupación. Incluso dejando a un lado momentáneamente la defensa de la legitimidad de este método como forma no solo de urgencia sino también de defensa política del derecho a la vivienda, si miramos los datos vemos que la okupación en ningún caso puede suponer un problema generalizado y, mucho menos, ser causa de alarma social. Estudios abiertamente críticos con la okupación estiman que solo el 0,34% de las viviendas en el Estado están habitadas de esta manera (unas 87.500) y, de ellas, puede que solo el 10% sean consideradas problemáticas por sus vecinas. Esto significa que solo el 0,03% de las viviendas en el Estado español responderían a okupaciones conflictivas. Cuando, como hemos dicho, el 13% de las viviendas están vacías, cuando los precios están alcanzando picos imposibles de asumir, cuando el parque público de vivienda apenas alcanza el 2% o cuando se producen cientos de desahucios al día, si alguien señala la okupación como el principal problema de acceso a la vivienda es que con toda seguridad está actuando como vocero de grandes especuladores nacionales e internacionales o de discursos securitarios derechistas; quizá de ambos a la vez.

 

Pese a todos estos datos, que necesitarían de una acción política urgente y contundente para ponerle freno, es posible que leamos mensajes que hablan de la reactivación y el crecimiento del mercado inmobiliario, quizás alimentados por el aumento de la compraventa de viviendas. Pues bien, si rascamos un poco más veremos que este crecimiento supera con mucho al número de hipotecas concedidas, lo que significa que muchas de esas adquisiciones son hechas sencillamente a tocateja. ¿Quién puede permitirse este tipo de inversiones millonarias y masivas? Efectivamente, grandes grupos financieros, que destinarán estas inversiones a la especulación y buscarán depositar sus capitales en el mercado inmobiliario y aguardar a que la rentabilidad crezca, que lo hará estén esas casas ocupadas o vacías y, como siempre, a costa de la miseria de miles de personas. Si estamos volviendo a escuchar que «alquilar es tirar el dinero» es, precisamente, porque el ciclo de crecimiento desatado de los alquileres está estrechamente vinculado al anhelo de volver a alimentar y ver expandirse el mercado hipotecario para así aumentar las vías a través de las cuales extraer beneficio y rentas de la población.

 

Como vemos, el problema del alquiler es, en realidad, un problema para una parte de la población; para el bloque financiero-inmobiliario la situación que estamos atravesando no es ni mucho menos un problema, sino que ha sido buscada y promovida y supone una fuente de ingresos ingentes. Si bien la transformación del acceso a la vivienda de manera que garantizase un hogar digno a todas las personas requeriría de una estrategia más profunda y de calado estructural ―en fin, de una práctica revolucionaria―, las medidas urgentes para acabar ahora con la insostenible situación del alquiler deberían ir en la siguiente línea: paralización de todos los desahucios sin alternativa habitacional, renovación automática de todos los contratos de alquiler si no existe una causa justificada (la obtención de mayores beneficios no es de ningún modo una causa justificada), movilización obligatoria de todas las viviendas vacías, control de los precios con baremos que permitan que nunca se supere el 30% de los ingresos familiares, aumento contundente del parque público de vivienda empezando por los pisos controlados por la SAREB, recuperación de la vivienda pública vendida a fondos buitre, reactivación del impuesto de sociedades a las SOCIMI como paso previo a la disolución de estas entidades, implementación de planes de choque contra la especulación de grandes inversores. Antes o después, todas estas medidas deberían converger y girar en torno a una práctica que haga de este un conflicto de clase de manera reconocida y esta práctica es necesariamente la de la expropiación de vivienda, por un medio u otro, para darle un uso popular.

 

Es posible que el problema de la vivienda, concretamente el del alquiler, sea uno de los ejes centrales de las próximas elecciones, pero es poco probable que ningún programa de ningún partido asuma ni siquiera parcialmente esta línea política. Cualquier propuesta que no señale directamente a quienes conforman el bloque financiero-inmobiliario, que no se oponga frontalmente a ellos, no estará sino utilizando las luchas y la potencia del movimiento por la vivienda, su capacidad para poner sobre la mesa y politizar lo que es una situación ya insoportable, en su propio beneficio electoralista. Si enfrente tenemos un bloque organizado y consciente, capaz de aplicar medidas injustas y perniciosas para nosotras, no tenemos otra opción más que conformar un bloque aún más sólido, aún más consciente, que señale de manera clara la línea que nos separa y que deje claro que una de dos: o se está con los especuladores o se está con las vecinas. Y allí donde no lleguen o no quieran llegar las instituciones públicas, tendrán que llegar las instituciones populares. A diferencia de lo que manifestó el equipo del concejal de Urbanismo de Ahora Madrid, José Manuel Calvo, antes de participar en un encuentro de fondos de inversión inmobiliaria celebrado en Madrid este mismo año, nosotras aseguramos que aquí no hay intereses que conciliar.