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Nicaragua: Se repite el guión del imperialismo

“Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza.”

Augusto Cesar Sandino.

 

En 1979, tras una larga y dolorosa lucha protagonizada por un pueblo humilde inspirado en la idea del anticolonialista Augusto César Sandino (1895-1934), el Frente Sandinista de Liberación Nacional entró victorioso en Managua terminado así con la cruel dictadura de Anastasio Somoza, de cuyo padre, el patriarca fundador del régimen, dijo en su día Franklin Delano Roosvelt, “Tal vez Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

 

El triunfo del FSLN fue un duro golpe para los EEUU ya que era la primera vez desde 1959 que un proceso revolucionario ganaba militarmente en su patio trasero, y generó una gran ilusión entre las masas oprimidas de Latinoamérica. Durante la década de los años 80 mientras el gobierno hacia una titánica campaña para alfabetizar al pueblo y repartir tierra entre los campesinos y campesinas, el gobierno de los EEUU financiaba a través de una compleja trama de corrupción conocida como el Escándalo Irán-Contra a un grupo de paramilitares mercenarios para hostigar al gobierno revolucionario de Managua y al pueblo nicaragüense.

 

Durante los diez años que transcurrieron entre la victoria de julio de 1979 y las elecciones de 1990, en las que el Frente Sandinista cayó frente a la candidata de Washington, Violenta Barrios de Chamorro, la contrarrevolución, organizada y financiada por Estados Unidos no otorgó ni un minuto de tregua a la epopeya revolucionaria, al punto de que aquel resultado electoral sólo puede explicarse por el anhelo mayoritario de los nicaragüenses de acabar con la guerra, incluso a costa de la derrota de un sueño.

 

Si la oportunidad del poder y el desafío de conservarlo en mitad de una guerra amalgama a las fuerzas que lo ejercen, y aparca las contradicciones que albergaba en su seno el FSLN, un conglomerado de corrientes diversas, es fácilmente explicable que tras la derrota de 1990 tras la cual la revolución fue desmantelada, el sandinismo ingresó en una terrible confrontación interna, nada extraña a la que por otro lado atravesaron prácticamente todos los movimientos políticos revolucionarios a nivel planetario debido también al contenido traumático que tuvo la caída del llamado campo socialista.

 

Entre 1991 y 1995, dos corrientes antagónicas se disputaron la dirección del sandinismo, una de ellas de carácter supuestamente renovador, de tendencia socialdemócrata, dirigida por Sergio Ramírez (ex vicepresidente del Gobierno Sandinista hasta 1990), y otra de carácter más antiimperialista, con referencia ideológica declarada marxista, que dirigían Daniel Ortega y Tomás Borge.

 

Entre los que se fueron del Frente Sandinista por esos años se cuentan algunos de los intelectuales más conocidos que participaron de la revolución, como Gioconda Belli, el poeta y religioso Ernesto Cardenal y el propio Sergio Ramírez, que abandonó el Frente con 29 de sus 38 diputados y fundaron el Movimiento de Renovación Sandinista, se quedaron con los escaños y votaron con la derecha títere de EEUU una reforma constitucional que suprimió la Constitución revolucionaria aprobada en 1987.

 

Sin embargo, en las elecciones del año 1996, el MRS, que impulsaba a Ramírez como candidato a la presidencia, obtuvieron en la elección presidencial 7.665 votos y algo más de 20.000 votos a su lista en las elecciones legislativas, mientras que el FSLN de Daniel Ortega obtuvo cerca de 665.000 votos, que no le fueron suficiente para ganar la elección, pero sí para dejar claro de qué lado estaba el pueblo sandinista en la batalla interna por su orientación.

 

Hemos de señalar que en los instantes posteriores a la derrota electoral de 1990. Aún habiendo sido vencidos, el Frente Sandinista impulsó entre febrero y abril de ese año una serie de leyes que serían conocidas luego como “leyes de la piñata”. En particular, las leyes 85 y 86, que estipulaban la transmisión de la propiedad de las viviendas que habían sido expropiadas y otorgadas por el Estado revolucionario y la legalización de viviendas y tierras ocupadas durante los años de revolución, que habían pertenecido a la burguesía nicaragüense que se había ido masivamente a Miami. Estas leyes especiales favorecieron a cientos de miles de familias, aunque no por ello debe eludirse que bajo el amparo de estas figuras legales se produjeron casos de corrupción que involucraron a algunos dirigentes y exdirigentes sandinistas que se habrían quedado ellos mismos con propiedades. Sin embargo, estos hechos de corrupción no invalidan ni el propósito ni la oportunidad de la norma que permitió asegurar la vivienda obtenida por muchísimos nicaragüenses humildes beneficiados por la revolución.

 

Otra de las famosas “leyes de la piñata” del Frente Sandinista, la ley 89, promulgada en abril de 1990, poco tiempo antes de entregar el poder, otorgó la autonomía a las universidades y en el artículo 55 de la norma se obligó al Estado a brindarle a estas un presupuesto no inferior al 6% del presupuesto general de ingresos de la República.

 

La relevancia política de esta ley no se debe sólo a su contenido, sino porque generó un movimiento importante de los estudiantes universitarios, organizados en la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, que durante los 17 años que transcurrieron desde que el sandinismo tuvo que entregar el gobierno hasta que lo recuperó mediante elecciones en 2007, exigieron el cumplimiento cabal de la obligación presupuestaria de 6% a los sucesivos gobiernos neoliberales que hicieron todo por incumplirla. La UNEN es y ha sido siempre la organización estudiantil universitaria de Nicaragua y su persistencia movilizadora tuvo mucho que ver con el retorno del Frente Sandinista al poder. En aquellas movilizaciones por la defensa del 6% era corriente que fueran víctimas de la represión e incluso el presidente de la UNEN perdió una pierna por un balazo en una movilización en la que, además, otros dos estudiantes fueron asesinados. Tan solo cuando el FSLN recuperó el gobierno en 2007, el 6% fue reconocido y otorgado de acuerdo a la interpretación auténtica de la norma que habían hecho la Asamblea Nacional y la Corte Suprema, que favorecía las peticiones de la comunidad universitaria.

 

Con el avance en Latinoamérica de una serie de fuerzas que, con sus limitaciones y contradicciones, cuestionaban la subordinación a los Estados Unidos, en el primer decenio de este siglo, el FSLN volvió a ganar la presidencia de la República en 2006 y Nicaragua entró a formar parte de los países del ALBA. Ello supuso un debilitamiento importante de la posición de dominación de los EEUU en lo que ellos siempre han considerado su patio trasero. Un importante cambio geoestratégico englobado en la disputa a los EEUU del papel hegemónico político y económico a nivel mundial por parte de otras potencias.

 

Han pasado once años desde que Daniel Ortega volvió a la presidencia. En las últimas elecciones, del 6 de noviembre de 2016, la victoria del tandem integrado por Ortega y su esposa Rosario Murillo alcanzó 72% de los votos con una participación de 68% del censo. Quienes ahora afirman que Ortega es un dictador (como antes han dicho de Chavez y Maduro) simplemente están ignorando la contundencia del pronunciamiento de los nicaragüenses en las urnas.

 

Hemos de señalar que, para volver al gobierno, el sandinismo tejió alianzas con sectores que habían sido contrarrevolucionarios, y entre las más polémicas se cuenta el acercamiento a una parte de la Iglesia encabezada por el cardenal Miguel Obando y Bravo, fallecido este año, quien fuera durante los años de la revolución uno de los más férreos opositores del FSLN e impulsor de la Contra, todo ello en medio de una especie de conversión mística que alienta la vicepresidenta Murillo y que incluyó la penalización del aborto a fin de obtener el favor del voto católico en un país de población muy influida por la religión.

 

En los once años de gobierno sucedidos desde 2007, Ortega mantuvo también una buena relación con la patronal nicaragüense Cosep, (Consejo de la Empresa Privada nicaragüense), aunque también con los trabajadores, al objeto de generar estabilidad y un crecimiento económico sostenido en un promedio de 5% anual.

 

Junto a ello, el gobierno desarrolló varias decenas de programas sociales orientados a la población más humilde que redundaron en una franca disminución de la pobreza y en un aumento del salario mínimo y del ingreso medio muy superior al período neoliberal que lo precedió durante 17 años. Nicaragua se convirtió en el país más seguro de la región, con una tasa de delitos muy inferior a sus vecinos y, como indicador elocuente, una tasa de homicidios de seis por cada 100.000 personas, la menor de Latinoamérica e inferior a la de, por ejemplo, Europa Oriental, y seis veces más pequeña que sus países fronterizos.

 

Pero el idilio con los empresarios se rompió. El detonante fue la reforma del Instituto Nacional de Seguridad Social. Hace años que se sabía que la seguridad social atravesaba una situación crítica. El Fondo Monetario Internacional había previsto en su última visita que todo el sistema de pensiones colapsaría en 2019. Es que si durante el período posterior a la derrota de la revolución y hasta 2007, los beneficios de la seguridad social eran precarios, mínimos o inexistentes, con los gobiernos de Ortega la situación había cambiado mucho. Ahora mismo en Nicaragua la edad jubilatoria es de 60 años y apenas se exige una cotización formal de 750 semanas que, en términos concretos, no alcanza ni a los 15 años. Con esos años de aportaciones y esa edad se puede obtener una jubilación de acuerdo a los ingresos de la vida activa, pero incluso quienes no llegan a tenerlos, si prueban 250 semanas de aportaciones (cinco años), se hacen beneficiarios de una pensión reducida. Además, los beneficiarios de la seguridad social tienen derecho a múltiples estudios y tratamientos médicos no sólo en el país, sino también en el extranjero cuando no se realicen localmente. El FMI propuso una reforma que implicaba recortar las jubilaciones, aumentar la edad jubilatoria, incrementar el número de semanas aportadas requeridas y eliminar las pensiones reducidas. El gobierno de Ortega se opuso a ese proyecto bien típico del FMI y, por el contrario, impuso una reforma que aumentaba el aporte patronal de 19% a 22,5%, mientras que los aportes de los trabajadores se incrementaban sólo 0,75%, deduciéndose de las pensiones 5% para los gastos de salud.

 

Esta reforma previsional generó la ira de los empresarios, muy bien alimentada por los medios de comunicación que intentaron presentar el cambio como un perjuicio a los jubilados y pensionistas, pero no de las organizaciones sindicales que conocían el contenido de un proyecto que era mucho más progresista que el programa de reforma previsional que impulsaba el empresariado siguiendo los dictados del FMI. A partir de allí y de la confusión que reinaba sobre la reforma del INSS, se producen algunas manifestaciones contrarias al decreto, en el que se involucran estudiantes, en particular, estudiantes universitarios de clases media alta y alta contrarios a la dirigencia de la UNEN, que apoyaba la reforma.

 

Los enfrentamientos entre jóvenes y estudiantes sandinistas que apoyaban la reforma y los opositores detonanon la crisis. Ya desde el principio hubo muertos de los dos lados y aunque Ortega intentó detener la revuelta derogando el decreto cuatro días después haberlo emitido y convocando una mesa de diálogo con mediación de la Iglesia, se produjo una escalada enorme.

 

Más allá de lo que vomitan las multinacionales de la comunicación, el estallido de violencia que terminó con la vida de cientos nicaragüenses dista de ser el resultado de una “masacre” del gobierno sobre los opositores. Durante 92 días se produjo una cantidad impresionante de hecho violentos en los que murieron tanto sandinistas como antisandinistas en cantidades similares. Se quemaron instituciones públicas, dependencias universitarias, municipios, alcaldías, edificios y hasta locales de medios de comunicación como las radios sandinistas Nueva Radio Ya o Radio Nicaragua y la opositora Radio Darío.

 

Hubo francotiradores, secuestros de sandinistas, gente quemada, torturas bendecidas por curas opositores y una amplísima operación propagandística para presentar todos los hechos como una cruenta acción gubernamental contra un movimiento demócrata espontaneo que desemboca en la formación de una denominada “Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia”, integrada por el consejo de la empresa privada, la cámara de comercio americana nicaragüense, las patronales rurales y el Movimiento 19 de abril de estudiantes de derecha, que incluso viajaron a Estados Unidos a reunirse con los referentes de la derecha republicana Marco Rubio e Ileana Ross Lehtinen, quienes promovieron en 2016 la “Nica Act”, una ley, aprobada en el Congreso, claramente injerencista que impide el financiamiento internacional del país.

 

El manual que siguió adelante tras los enfrentamientos iniciales fue parecido al de Venezuela y el diálogo intentado por el gobierno quedó en la nada cuando la Iglesia, que en teoría iba a actuar de mediadora, exigió la renuncia del presidente y el adelanto de las elecciones.

 

Para propiciar el diálogo, el gobierno aceptó acuartelar a la Policía, pero lo violencia no cedió y hasta las comisarías fueron rodeadas durante semanas por manifestantes organizados y armados. También fueron incendiadas sedes de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, que se mantuvo siempre del lado del oficialismo. Finalmente, el sandinismo se propuso recuperar el control del país, con localidades enteras tomadas por fuerzas opositoras e inició una operación política y policial llamada “Caravana de la libertad”, que les permitió recuperar cada uno de los territorios, hasta que el martes 17 de julio se dio el operativo decisivo para tomar Monimbó, donde resistía el último bastión controlado por opositores violentos.

 

El 19 de julio, el Sandinismo organizó el 39º aniversario del triunfo de la revolución en una serie de actos gigantescos, el más importante de ellos en la Plaza de la Fe de Managua, ya con la sensación de haber recuperado el control total del país.

 

Es indiscutible que en los 92 días hubo actos de represión por las fuerzas progubernamentales, pero no es cierto que del otro lado hubiese un movimiento pacifista. Por el contrario, la violencia opositora, promovida por el empresariado y la derecha, con el auspicio de grandes medios de comunicación como La Prensa, el principal diario de Nicaragua, francamente reaccionario, y con financiación de Estados Unidos, siempre a la orden para desestabilizar países que no se alineen con sus designios, tienen una responsabilidad enorme con lo que sucedió en el país y con este intento real de derrocar a Ortega.

 

Desde el punto de vista de nuestra Organización, los sucesos ocurridos en Nicaragua ponen de manifiesto el fracaso estratégico de las llamadas “terceras vías” y lo vano de intentar tejer alianzas con la burguesía. A este respecto, consideramos que solo la toma del poder por parte de la clase trabajadora puede sentar las bases para edificar una sociedad nueva que pueda defenderse de os ataques del imperialismo y sus lacayos burgueses. No se trata por tanto de defender al Gobierno Ortega-Murillo, cuya connivencia con la burguesía nicaragüense y su actitud contraria a los derechos de las mujeres trabajadoras para no confrontar con la jerarquía religiosa no compartimos obviamente, pero lo que está ocurriendo es que Estado Unidos y el imperialismo a nivel global quiere recuperar el terreno perdido en Latinoamérica en la década pasada y para ello pone en marcha el mismo guion de desestabilización que ha usado en Venezuela, en Ucrania, en Libia, en Siria… Utilización de la histeria mediática, tenemos en los últimos días a toda la prensa atlantista hablando de violencia policial, protestas pacíficas y dictadura.

 

Estamos en el mundo de la manipulación de la verdad aunque hay quien todavía no parece darse cuenta, no importa que haya elecciones; un gobierno solo recibirá el certificado de “demócrata” por parte de los generadores de opinión si se pliega antes las exigencias del FMI, del Banco Mundial y pone sus recursos naturales y energéticos al servicio del imperialismo y del capitalismo de rapiña de los EEUU y la Unión Europea.

 

También repiten el guion de las “protestas pacíficas” donde vemos a jóvenes con buena ropa y bien alimentados armados hasta los dientes, tiros que producen víctimas de los que jamás se sabe su procedencia exactamente. Por supuesto, también aparecen siempre ONGs muy preocupadas por los Derechos Humanos, la Iniciativa Nicaragüense de Defensores de Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, no tardaremos en saber quién los financia y seguro que no nos llevamos ninguna sorpresa. Y como no, en la repetición del guion está la imposición de sanciones económicas por parte de EEUU.

 

Es posible encontrar razones para la protesta pero la utilización de las mismas por la derecha nicaragüense para entregar su país al saqueo de los EEUU, la manipulación mediática con la cantinela de “cruel dictadura” y el afán de la pseudoizquierda imperialista postmoderna de posicionarse al igual que con Siria, con la reacción, debe ponernos en alerta de que no estamos ante un pueblo “revolucionario” en la calle, sino ante un nuevo Maidan, un nuevo abril 2002 en Venezuela. El objetivo no es democratizar nada, el objetivo de nuevo es el Golpe de Estado encubierto contra un gobierno que no sigue los dictados del imperialismo.

 

Quien no quiera ver la actuación del imperialismo y no quiere meterse en la complejidad de lo sucedido puede levantar su dedo acusador contra el líder del FSLN por todos los motivos que se le ocurran, y seguro que le asiste parte de razón, pero la realidad es mucho más compleja y en Nicaragua lo que se está gestando es un intento de golpe de Estado contra un gobierno electo con más de 70% de los votos, por razones muy diferentes a la defensa de unos derechos humanos que, por otra parte, el imperialismo pisotea a su conveniencia en todo el planeta.