Lun10152018

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Solidaridad con todas las represaliadas

El Estado español viene desarrollando en los últimos años un despliegue represivo contra toda expresión artística y libre opinión contraria al orden natural capitalista, condenando las formas de lucha más activas contra los pilares de un régimen que ante su propia decadencia señala, criminaliza y condena a artistas y activistas que no son más que el reflejo de un hartazgo social, de una clase trabajadora que no está dispuesta a soportar más explotación y engaños, que encuentra a través de la libre expresión de las ideas la fórmula para aumentar el grado de conciencia de clase y canalizar parte del actual descontento popular en contraposición contra todos aquellos elementos super-estructurales que tratan de visibilizar toda disidencia como “terrorismo” ó “extremismo irracional”.

Señalar verdades, opinar, condenar hechos objetivos, identificarse y defender ideas y principios está penado con escarnio público, persecución policial y acoso judicial, represión económica e incluso cárcel. Las contradicciones de clase quedan evidenciadas con la aplicación de aquello que llaman “justicia” y “defensa de la democracia” según sea la posición social del condenado dentro de la estructura socio-económica, según haya contribuido a los procesos de acumulación del gran capital o se haya enfrentado a ello, según se llame Ignacio González, Ángel María Villar o cualquier miembro de la realeza, o según se llame Alfredo Ramírez, Pablo Hasel o Valtonyc.

Las acciones represivas del Estado se individualizan y mediatizan con el fin de desmovilizar el activismo y condenar ideas y expresiones contrarias a las estructuras e instituciones burguesas, creando figuras jurídicas difusas como la del “enaltecimiento del terrorismo” para aplicar castigo a la libertad de expresión conforme a sus intereses de clase.

El rapero Valtonyc ha sido condenado a 4 años de cárcel por sus canciones. Otro rapero, Pablo Hasél, podría entrar 12 años a prisión por cantar y expresarse a través de las redes sociales. El colectivo musical “La Insurgencia” han sido condenados a 2 años y 1 día de prisión por sus canciones, al igual que el artista audiovisual “Resistencia Films” sobre quien piden 2 años de prisión por difundir la voz de oprimidas y presas políticas.

Pero no sólo se reprimen las expresiones artísticas, también la libertad de opinión y contestación, ejercida por Alfredo Ramírez con el coste de 1 año de cárcel convirtiéndose en la primera persona en entrar en prisión por expresarse mediante redes sociales. De igual modo, el joven Julen Ibarrola fue llevado a prisión por dibujar con un rotulador un pequeño símbolo de ETA.

Así mismo, hay otras 75 personas encausadas en el montaje mediático-policial denominado “Operación Araña” y algunas ya condenadas, como Boro LH sobre quien recae 1 año y medio de prisión por expresarse en redes sociales, y a quien piden 6 años más de cárcel por ejercer el libre derecho a la información cubriendo una manifestación para un medio de comunicación.

Ante el actual escenario represivo, donde la arbitrariedad se ha hecho norma, desde Iniciativa Comunista llamamos a la organización y solidaridad de clase como herramienta de resistencia, y a colaborar con todos los compañeros y compañeras encausadas por la defensa y expresión de principios e ideas favorecedoras de la liberación de clase por la que combatimos a diario.

Ni la represión, ni el miedo, ni el acoso judicial, policial o mediático podrá detener nuestra determinación.

¡Solidaridad con todas las represaliadas!